Faltan garantías para el ejercicio democrático de la política, a propósito del atentado contra Aída Avella

Aída Avella. Foto: C. Compromiso

Bucaramanga.- La Corporación Compromiso rechazó vehementemente el atentado cometido en contra de la candidata presidencial por la Unión Patriótica AÍDA AVELLA.

Califica la organización, este hecho, como una zancadilla más contra el proceso de Paz y una demostración de que en Colombia no hay garantías para una participación democrática en política.

La organización pide al gobierno que se hagan las investigaciones con celeridad con el fin de establecer quién concretamente está detrás de estos hechos criminales.  El pronunciamiento dice:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Corporación para el Desarrollo del Oriente, COMPROMISO, organización de educación e investigación, comprometida en el trabajo por la paz, la promoción, protección, defensa y realización de los derechos humanos, rechaza vehementemente el atentado cometido en contra de la candidata presidencial por la Unión Patriótica AÍDA AVELLA ocurrido el día 23 de febrero del presente año en el municipio de Tame, departamento de Arauca en el Nororiente colombiano.  Leer más

Sobre garantías electorales y afines fueron capacitados los alcaldes de Santander

Bucaramanga.- Los alcaldes de los municipios de Santander recibieron orientación sobre diferentes facetas dentro de las campañas electorales, como la que se inició.

La capacitación fue orientada a la seguridad durante el proceso electoral y para que los partidos políticos, tengan garantías. Se instruyeron igualmente sobre conectividad vía Internet en todo el departamento, financiación de campañas y los cuidados en la contratación pública, frente a la Ley de Garantías. Estas  fueron algunos de los temas abordados por el Comité de Seguimiento y Control al Proceso Electoral de Santander, que se realizó este martes en el auditorio Augusto Espinosa Valderrama, de la Gobernación.

El secretario del Interior de Santander, Carlos Ibáñez Muñoz, dijo que frente al proceso electoral que se avecina (elecciones al Congreso de la República el 9 de marzo de 2014), todos los partidos dispondrán de plenas garantías para movilizar a sus electores, para lo cual se dispondrá de vigilancia especial y se reforzarán los esquemas de seguridad.

Conectividad total

Ibáñez Muñoz destacó que Santander es el primer departamento del país que tendrá conectividad total, gracias a que los 87 municipios estarán enlazados a partir de julio próximo a través de la fibra óptica.

“Eso quiere decir que será más ágil y fiel la transmisión de datos al centro electoral para efectos de conocer, a la menor brevedad posible, los resultados electorales”, dijo el Secretario del Interior.

Respecto a la contratación pública, Carlos Ibáñez advirtió sobre los cuidados que deberán tener los alcaldes durante la vigencia de la Ley de Garantías, que inicia en noviembre próximo. “Estamos dando instrucciones a los mandatarios locales para que hagan todos los movimientos presupuestales, la designación de funcionarios y lo relacionado con inauguraciones de obras antes que entre en vigencia la Ley de Garantías”, expresó Ibáñez Muñoz.

Inscripción de cédulas

La delegada de la Registraduría Nacional en Santander, Esmeralda Linares París, hizo algunas precisiones respecto a la inscripción de cédulas en las registradurías municipales que inició el 9 de marzo pasado e irá hasta diciembre próximo. Agregó que entre noviembre y diciembre las inscripciones se harán en los puestos de votación.

Esmeralda Linares expresó: “a los alcaldes les decimos que se sientan parte integral del equipo que puede sacar adelante un proceso electoral. Este no es un trabajo exclusivo de la Registraduría, sino mancomunado y de carácter interinstitucional que requiere la participación y el compromiso de todos los actores, para efectos de que los santandereanos tenga procesos electorales limpios, claros y completamente adecuados a la ley”.  Fuente: Oficina de prensa de la gobernación

¿EL PRESIDENTE URIBE CUMPLE LA lEY DE GARANTÍAS?

Por Hugo Mario Cárdenas López, Reportero de El País

Incertidumbre. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, no ha sido claro en si aspira o no a seguir gobernado el país por otros cuatro años más.
Archivo / El País

Analistas debaten en torno a si el presidente Uribe debe cumplir la Ley de Garantías.

La encrucijada en torno a la posibilidad de permitir una nueva reelección presidencial en Colombia no sólo ronda el alma del presidente Álvaro Uribe Vélez. También plantea un alto reto a la estructura misma de la Constitución Política y las leyes.

No sólo por la probabilidad de modificar de nuevo la Carta Magna para permitir un tercer mandato consecutivo del Jefe de Estado, sino por la polémica alrededor de la aplicabilidad de la Ley de Garantías, que obligaría al presidente-candidato a anunciar su aspiración seis meses antes de elecciones. Es decir, mañana 30 de noviembre.

Algunos consideran que el Primer Mandatario no debe hacer ningún anuncio porque la segunda reelección aún no ha sido aprobada y en este momento es inconstitucional. Otros aseguran que Uribe debe someterse a lo establecido en la única Ley de Garantías vigente.

¿Debe el Presidente anunciar antes del 30 de noviembre su aspiración? ¿Qué ocurre si no lo hace? ¿Qué garantías tendrán los otros candidatos si se aprobara el referendo en el 2010, a pocas semanas de las elecciones?

Ese tipo de interrogantes son los que plantea la posibilidad de una nueva candidatura de Álvaro Uribe. El País buscó claridad consultando a diversos especialistas.

En entredicho

Si bien la primera reelección generó malestar y preocupación en los sectores no uribistas, La Corte Constitucional equilibró en buena medida la balanza al limitar con seis meses de anticipación el acceso del candidato-presidente a los medios y al uso de los recursos del Estado. Obligatoriedad que hoy permanece en entredicho. LEER MÁS

CIFRAS DEL DEBATE QUE PERDIO EL GOBIERNO
"Agro Ingreso Seguro"

-------------------------Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de octubre de 2009.
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En el debate sobre “Agro, Ingreso Seguro” (AIS) se demostró que lo que impera en el sector es lo escaso e inseguro del ingreso, salvo para un grupito y, en especial, para los 45 que financiaron con $549 millones la campaña de Álvaro Uribe y que recibieron recursos de AIS por $33.497 millones de pesos. ¡La mejor de las pirámides!

Las cifras y los análisis demostraron el desastre de casi todos en el agro y que AIS se diseñó para que los escasos recursos oficiales se distribuyeran dentro de una concepción plutocrática y de amigotes.

El 65% de los habitantes del campo vive en la pobreza y el 33% en la indigencia. Hubo 2.14 millones desplazados entre 2002 y 2008, período en el que el agro creció menos que el conjunto de la economía (3.29 vs 4.91% promedio anual). El Índice de Gini, que mide la concentración de la propiedad rural, ha empeorado en este gobierno y llegó a 0.875, probablemente el peor del mundo. Están subutilizadas nueve millones de hectáreas con vocación agrícola. El área cultivada cayó de 3.74 a 3.5 millones de hectáreas. El 66% de los que tienen empleo gana menos de un salario mínimo. Las exportaciones agrarias están estancadas, pues pasaron de 4.33 a 4.44 millones de toneladas, mientras que las importaciones, que eran de 6.33 millones de toneladas en 2002, llegaron a 9.8 millones. Y están en pésimas condiciones, entre otros, cafeteros, arroceros, paneleros y lecheros.

Al mismo tiempo, el escaso respaldo oficial al agro se concentra en unos pocos muy poderosos. Según Cega-Uniandes, el 1% se queda con el 71% de los créditos redescontados y con el 64% de la cartera sustituta de Finagro. En 2000, el 1% tomaba el 17.7 de los recursos de ICR y hoy ese mismo porcentaje toma el 45.3%. El 1% se apropia del 45% de los respaldos del Fondo de Garantías y del 58.7% de las garantías pagadas ($630 millones en promedio). De otra parte, el 33% de los ICR (89.900 millones de pesos de 2006) van para palma, el barril de alcohol carburante tiene un costo de 142 dólares y el de gasolina de 58 dólares, alcohol carísimo que, como el diesel de palma, también muy caro, nos obliga el gobierno a consumir.  LEER MÁS