De izq a der: Arriba, los senadores Miguel de la Espriella y Juan Manuel López Cabrales. Abajo, Reginaldo Montes, José de los Santos Negrete y William Montes. Fotografía de El EspectadorCaptrurados congresistas firmantes del documento de Ralito
Colombia -A la decisión de la Corte con los cinco congresistas, se sumó la de la Fiscalía, que libró 14 órdenes de captura contra varios políticos. De los 19 afectados, 16 están en manos de las autoridades.
Detienen a 4 congresistas por nexos con paramilitares
Mayo 14, 2007BOGOTA, Colombia AP
Cuatrofueron detenidos este lunes por orden de la Corte Suprema de Justicia que los sindica de tener supues congresistas tos vínculos con grupos paramilitares, en un nuevo capítulo de arrestos derivados del escándalo por los nexos de políticos con esos escuadrones de extrema derecha.
El presidente Alvaro Uribe declaró a periodistas que las responsabilidades individuales de los congresistas la decidirá la justicia en su sabiduría y de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Los congresistas Juan Manuel López, Miguel de la Espriella, José de los Santos Negret y Reginaldo Montes están capturados, confirmó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alfredo Gómez.
El senador William Montes es el único que sigue sin ser arrestado.
A excepción de López, todos pertenecen a partidos de la coalición oficialista.
Desde finales del 2006, Colombia ha sido sacudida por las revelaciones de una alianza entre prominentes políticos y empresarios con grupos paramilitares.
Con las nuevas órdenes de captura, llegan a 12 los congresistas encarcelados y dos más están prófugos. Las primeras detenciones ocurrieron en diciembre.
El fiscal general Mario Iguarán dijo en rueda de prensa que ese organismo ordenó medidas de aseguramiento y detención a 15 personas.
No estaba claro cuantas se habían concretado, pero entre las confirmadas está la captura de Eleonora Pineda, una ex congresista que fue interlocutora de los paramilitares en el Congreso, que perteneció al partido oficialista Colombia Democrática y que luego en el 2006 fue excluida de esa colectividad por sus nexos con los paramilitares.
Todos los nuevos procesados son acusados de concierto para delinquir y firmaron en el 2001 el denominado Pacto de Ralito en el que una treintena de políticos y ganaderos acordaron refundar la patria junto con las ahora extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Goméz e Iguarán coincidieron en que a la reunión los participantes asistieron y firmaron por su propia voluntad. La asistencia a la reunión fue libre, espontánea y consciente, sostuvo el fiscal general.
Gómez dijo en rueda de prensa que los firmantes del documento obtuvieron un provecho político del pacto.
La ley colombiana estipula que los congresistas sólo pueden ser procesados por la CSJ.
En tanto, en una prisión de máxima seguridad en las afueras de Medellín, a unos 250 kilómetros al noroeste de esta capital, se reunieron el ministro de Interior, Carlos Holguín, y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, con los ex comandantes paramilitares ahí recluidos para aclarar denuncias de que siguen delinquiendo.
La reunión estaba programada de antes, pero sirvió para hablar de supuestas grabaciones difundidas el domingo por la revista Semana en las cuales varios de los ex comandantes conversan sobre operaciones de narcotráfico y asesinatos.
Al término del encuentro, Restrepo dijo que el gobierno constató que solo Orlando Mazo, uno de los cuatro interlocutores de las llamadas transcritas por la revista, está preso en esa prisión.
Mazo aceptó a someterse a un cotejo de voz... (y) si se establece que la voz que está en la grabación es la misma del señor, inmediatamente pierde los beneficios de (la ley de) Justicia y Paz, declaró Restrepo.
La Presidencia dijo en un comunicado que no se explica el origen de las interceptaciones que la revista dice tener.
Los ex comandantes están detenidos tras un proceso de paz en el que desmovilizaron a unos 31.000 combatientes. Ellos están sujetos a una ley que les confiere penas máximas de ocho años de prisión si confiesan los crímenes que cometieron, reparan el daño que infringieron y dejan de delinquir.
El comunicado de Presidencia expuso que de comprobarse la comisión de los delitos, los involucrados perderían los beneficios legales que obtuvieron al deponer las armas.
Hernando Benavides, defensor de ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, dijo a la AP que su cliente es ajeno a las grabaciones e igual continuará el martes en una corte la confesión en la que develará nuevos nombres de quienes los apoyaron, incluyendo políticos, empresarios, militares y policías.
El presidente Alvaro Uribe declaró a periodistas que las responsabilidades individuales de los congresistas la decidirá la justicia en su sabiduría y de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Los congresistas Juan Manuel López, Miguel de la Espriella, José de los Santos Negret y Reginaldo Montes están capturados, confirmó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alfredo Gómez.
El senador William Montes es el único que sigue sin ser arrestado.
A excepción de López, todos pertenecen a partidos de la coalición oficialista.
Desde finales del 2006, Colombia ha sido sacudida por las revelaciones de una alianza entre prominentes políticos y empresarios con grupos paramilitares.
Con las nuevas órdenes de captura, llegan a 12 los congresistas encarcelados y dos más están prófugos. Las primeras detenciones ocurrieron en diciembre.
El fiscal general Mario Iguarán dijo en rueda de prensa que ese organismo ordenó medidas de aseguramiento y detención a 15 personas.
No estaba claro cuantas se habían concretado, pero entre las confirmadas está la captura de Eleonora Pineda, una ex congresista que fue interlocutora de los paramilitares en el Congreso, que perteneció al partido oficialista Colombia Democrática y que luego en el 2006 fue excluida de esa colectividad por sus nexos con los paramilitares.
Todos los nuevos procesados son acusados de concierto para delinquir y firmaron en el 2001 el denominado Pacto de Ralito en el que una treintena de políticos y ganaderos acordaron refundar la patria junto con las ahora extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Goméz e Iguarán coincidieron en que a la reunión los participantes asistieron y firmaron por su propia voluntad. La asistencia a la reunión fue libre, espontánea y consciente, sostuvo el fiscal general.
Gómez dijo en rueda de prensa que los firmantes del documento obtuvieron un provecho político del pacto.
La ley colombiana estipula que los congresistas sólo pueden ser procesados por la CSJ.
En tanto, en una prisión de máxima seguridad en las afueras de Medellín, a unos 250 kilómetros al noroeste de esta capital, se reunieron el ministro de Interior, Carlos Holguín, y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, con los ex comandantes paramilitares ahí recluidos para aclarar denuncias de que siguen delinquiendo.
La reunión estaba programada de antes, pero sirvió para hablar de supuestas grabaciones difundidas el domingo por la revista Semana en las cuales varios de los ex comandantes conversan sobre operaciones de narcotráfico y asesinatos.
Al término del encuentro, Restrepo dijo que el gobierno constató que solo Orlando Mazo, uno de los cuatro interlocutores de las llamadas transcritas por la revista, está preso en esa prisión.
Mazo aceptó a someterse a un cotejo de voz... (y) si se establece que la voz que está en la grabación es la misma del señor, inmediatamente pierde los beneficios de (la ley de) Justicia y Paz, declaró Restrepo.
La Presidencia dijo en un comunicado que no se explica el origen de las interceptaciones que la revista dice tener.
Los ex comandantes están detenidos tras un proceso de paz en el que desmovilizaron a unos 31.000 combatientes. Ellos están sujetos a una ley que les confiere penas máximas de ocho años de prisión si confiesan los crímenes que cometieron, reparan el daño que infringieron y dejan de delinquir.
El comunicado de Presidencia expuso que de comprobarse la comisión de los delitos, los involucrados perderían los beneficios legales que obtuvieron al deponer las armas.
Hernando Benavides, defensor de ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, dijo a la AP que su cliente es ajeno a las grabaciones e igual continuará el martes en una corte la confesión en la que develará nuevos nombres de quienes los apoyaron, incluyendo políticos, empresarios, militares y policías.
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