CITA. Salvatore Mancuso es el más prominente de los ex jefes paramilitares desmovilizados que ha confesado crímenes.827322
El congresista Montes expresó que confiaba en la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia.
Los legisladores deben explicar por qué firmaron un documento con un grupo alzado en armas.
BOGOTÁ, Colombia/DPA
Un grupo de cinco congresistas oficialistas, acusados de tener nexos con paramilitares, acudieron ayer a una citación judicial en la sede de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que los investiga por el delito de concierto para delinquir agravado.
Los legisladores están acusados de haber firmado en 2001 un documento con los entonces jefes paramilitares, en el que se comprometieron a "refundar un nuevo país y a establecer un nuevo contrato social".
El senador Juan Manuel López sostuvo que se encontraba tranquilo y reiteró a los periodistas que lo esperaron en la sede de la Corte Suprema de Justicia que los ultraderechistas lo obligaron a firmar ese documento.
"Yo no he conocido documento alguno ni participé en discusión de nada. Absolutamente nada. Yo llegué a una reunión a la que me ordenó el señor (Salvatore) Mancuso que llegara", sostuvo.
A su turno, el senador Miguel de la Espriella dijo que también asistió a la reunión con los paramilitares bajo amenazas y añadió que no se arrepintió de haber divulgado a la prensa el "Acuerdo de Ralito".
El congresista Reinaldo Montes expresó que confiaba en la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia y quepresentaría pruebas de su inocencia.
"Cualquiera que sea la decisión de la Corte yo estoy preparado a recibirla", añadió Montes.
Por su lado, el senador William Montes y el representante José de los Santos Negrete fueron los únicos que no quisieron hablar con la prensa.
El presidente de la Sala Penal de ese alto tribunal, Alfredo Gómez, sostuvo que los legisladores deberán explicar bajo juramento la circunstancia por la cual firmaron un documento con un grupo alzado en armas.Recordó que son 13 los senadores investigados por sus presuntas relaciones con los grupos de ultraderecha. La Fiscalía llamó el 20 de marzo a indagatoria a 21 personas que firmaron un documento con los paramilitares en 2001.
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