Cuando vemos las interminables colas, la serie de trámites y los abusos de especulación para efectos de renovar la licencia de conducción, nos da la impresión de que al estado colombiano (ciertos despachos como el Ministerio del Transporte) goza viendo el sufrimiento del pueblo.
Nadie puede pensar lo contrario,
pues lo lamentable es que esas normas las aprueba una rama del poder público
que se llama Congreso de la república, organismo que supuestamente representa a
los colombianos.
Para nadie es ajeno pensar que
si el gobierno nacional se inventa estos trámites, es el mismo estado el que
debe financiar los costos de este documento que le está saliendo a los
ciudadanos un gasto imprevisto que solo
está beneficiando las arcas oficiales y el
bolsillo de los especuladores de los exámenes. Esta disposición está basada,
entre ellas en las Leyes 769 de 22002 y 1383 de 2010, lo que indica que los
señores padres de la patria no pueden decir que nada tienen que ver con lo que muchos han denominado el ‘regalo’ del
año del gobierno.
Es claro y repito, que si el
gobierno se inventa cambios en los documentos de los ciudadanos, pues el estado
debe asumir los costos o al menos parte de ellos, pero no sacrificar el escaso
presupuesto de los colombianos en un documento que para muchos es la fuente del
sustento de la familia. Leer más
